18/7/2014

Los tres uribistas prófugos de la justicia

Los tres uribistas prófugos de la justicia

EVASIÓN
Ante decisiones judiciales en su contra, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias evadieron la justicia y salieron del país.


La magistrada de la Corte Suprema de Justicia María del Rosario González fue la protagonista del jueves anterior. Durante más de siete horas leyó un voluminoso expediente de 401 folios en los que sustentaba una controvertida decisión: la condena a algo más de 17 años de prisión, y al pago de una millonaria multa (cerca de 13 millones de dólares) a quien fuera uno de los hombres de confianza del expresidente Álvaro Uribe. 

Las cámaras de televisión y los periodistas de los medios radiales y escritos, todos la escuchaban con atención. Pero el principal interesado en la sentencia, Andrés Felipe Arias, fue el gran ausente de una de las diligencias más esperadas por la opinión pública. 

El exministro de Agricultura, cerebro del programa Agro Ingreso Seguro, había decidido evadir a la justicia antes de escuchar una de las más duras condenas que se hayan proferido contra un exalto funcionario del Estado. 

Arias, quien estuvo más de dos años detenido y asistió a todas las audiencias durante su proceso, pasó a ser considerado un prófugo.

El exfuncionario, considerado en su momento una prominente figura política (fue precandidato presidencial en el 2010), abandonó el país el pasado 13 de junio, el mismo día en que se filtró la información de que la Corte Suprema de Justicia dictaría sentencia en su contra. Las autoridades colombianas tienen información de que en el momento de conocerse el fallo, ‘Uribito’, como se le conoce, se encontraba en Miami. 

"(Arias) hizo unos trámites en el consulado de Miami hace unas semanas. La cónsul se lo comunicó a la Cancillería y nosotros a la Fiscalía", explicó este jueves la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, desde Brasilia.

Y mientras el expresidente Álvaro Uribe lo declaraba víctima de una persecución política, el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Angelino Garzón, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, coincidían en señalar que Arias debe presentarse y responder a la justicia colombiana. En otras palabras, han sugerido que su condición es la de prófugo. 

Incluso, el partido Polo Democrático, que hizo oposición al gobierno de Álvaro Uribe, fue más allá. pues no sólo le exigió al Gobierno que proceda a cancelarle el pasaporte y a pedir la circular roja de la Interpol, sino que calificó como una conducta sistemática del uribismo la de evadir la justicia.

Y es que Arias no es un caso particular. Es el tercer alto funcionario del gobierno de Uribe que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La primera que huyó fue María del Pilar Hurtado, quien dirigió entre el 2007 y el 2009 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue liquidado luego de que se descubrió la trama de espionaje que desde allí se adelantó contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes políticos de oposición, periodistas y defensores de Derechos Humanos. 

En el 2010, Hurtado fue acusada de haber impartido las órdenes a sus subalternos por instrucción directa de la Casa de Nariño. En ese momento, y con ayuda de Uribe, la exdirectora consiguió refugiarse en Panamá, gracias al asilo que le otorgó el presidente de ese país, RicardoMartinelli. 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos solicitó su extradición un año más tarde para que respondiera por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Ahora, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el asilo y el nuevo mandatario panameño, Juan Carlos Varela, mostró su disposición de extraditar a Hurtado. A pesar de estas decisiones, su paradero es un misterio. Incluso no se descarta la hipótesis de que hubiera abandonado ese país.

El otro caso es el de Luis Carlos Restrepo, quien fue alto comisionado para la Paz entre el 2002 y el 2009. A él también se le perdió el rastro cuando se produjo una decisión judicial en su contra. El 20 de enero del 2012 la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de prevaricato, peculado, fraude procesal y tráfico y porte de armas. 

Los hechos por los que se ordenó la captura de Restrepo se remontan al 7 marzo del 2006, siendo Juan Carlos Restrepo comisionado de Paz del Gobierno Uribe, cuando se produjo la supuesta desmovilización de 62 guerrilleros del frente cacica la Gaitana de las FARC.

Sin embargo, meses después, debido a las declaraciones de algunos de los desmovilizados, se conoció que el proceso había sido un montaje y que de los 62 supuestos guerrilleros desmovilizados sólo algunos lo eran realmente, mientras la mayoría eran indigentes y desempleados que recibieron alrededor de 500.000 pesos por participar del montaje.

La Fiscalía citó a declarar a Restrepo en enero del 2012, pero no se presentó a la audiencia y entonces se determinó que se había fugado del país. Desde la clandestinidad ha enviado algunas comunicaciones. Nadie sabe de su paradero. Se presume que también estaría en Estados Unidos. 

El primer aliado político del expresidente Uribe que intentó evadir la justicia abandonando el país fue su primo, el exsenador Mario Uribe Escobar. En abril del 2008 la Fiscalía ordenó su captura por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Uribe Escobar no se entregó y, por el contrario, se refugió en la embajada de Costa Rica en Bogotá. Allí pidió asilo mientras en las afueras casi un centenar de personas exigía su entrega a la justicia. El asilo no le fue concedido. 

Ahora, y a pocas horas de posesionarse como senador, el expresidente Uribe sufrió otro golpe: ver a uno de sus más cercanos colaboradores condenado. El exmandatario insiste en que Andrés Felipe Arias, a quien alguna vez calificó como su copia mejorada, es un perseguido por la justicia. Pero otra cosa piensan sus adversarios y la opinión pública, que ya lo señalan como el tercer uribista prófugo de la justicia.

7/7/2014

TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO DEBERÁ DECIDIRSE EN PLAZO DE 10 DÍAS


AUSENCIA DE TÉRMINO PARA RESOLVER SOBRE EL INCIDENTE DE DESACATO A UN FALLO DE TUTELA,  CONFIGURA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA AL DESCONOCER LA INMEDIATEZ Y CELERIDAD QUE IMPONE EL ARTÍCULO 86 DE LA CARTA POLÍTICA AL AMPARO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y CON ELLO, LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS, DERECHOS Y

DEBERES CONSTITUCIONALES


II.  EXPEDIENTE D-9933 -   SENTENCIA C-367/14  (Junio 11) M.P. Mauricio González Cuervo

1.       Norma acusada

DECRETO 2591 DE 1991

(Noviembre 19)

Por la cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política

Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto devolutivo. (aparte tachado declarado inexequible)

2.       Decisión


Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo   52 del  Decreto 2591 de 1991, en el entendido  de que el incidente de desacato allí previsto  debe resolverse en el término establecido en el artículo 86 de la Constitución Política.

3.       Síntesis de los fundamentos

En el presente caso, le correspondió a la Corte definir: (i) si el legislador afectó la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (arts. 2º C.Po. y 2º de la CADH), al no establecer un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela; (ii) si la ausencia de dicho término desconoce el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas (arts. 29 C.Po. y 8.1 CADH), el deber de cumplimiento inmediato a los fallos de tutela (arts. 86 C.Po, 25 CADH y 2 PIDESC) y el deber de establecer acciones y procedimientos necesarios para proteger los derechos individuales (art. 89 C.Po.).

 

De manera previa, la Corte verificó que en este caso no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por cuanto en las sentencias C-243/96 y C-092/97 la controversia se planteó respecto de otros contenidos normativos, con fundamento en cargos que no son idénticos a los que ahora se estudian. Por ello, emprendió el examen de fondo de la constitucionalidad del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.


En el análisis del cargo planteado el tribunal constitucional estudió en general, el deber de acatamiento de las providencias judiciales y los poderes del juez para hacerlas cumplir y en especial, el deber de acatar los fallos de tutela, las potestades del juez constitucional para asegurar su cumplimiento y las responsabilidades que pueden seguirse de su incumplimiento.


A partir de esos parámetros, la Corte descendió al caso concreto para examinar el artículo 52 demandado, encontrando que en efecto, no prevé un término para que el juez resuelva acerca del incidente de desacato a un fallo de tutela, con lo cual se hace nugatoria la efectividad y oportunidad de la protección constitucional que consagra el artículo 86 de la Carta cuando quiera que un derecho fundamental ha sido vulnerado. La ausencia de un plazo para que el juez decida ha determinado que esos incidentes se acumulen en los despachos judiciales dilatando una decisión pronta y oportuna acerca de la protección efectiva del derecho fundamental vulnerado, como lo ordena el artículo 86 superior.

La Corte resaltó como rasgos esenciales de la acción de tutela, consagrados por el propio constituyente, la inmediatez de la orden judicial de protección, su carácter urgente, su instrumentalización mediante un procedimiento preferencial y sumario que impone una decisión del juez constitucional en un plazo breve y perentorio.

Así mismo, la jurisprudencia ha subrayado que la teleología de esta acción constitucional es la de proveer amparo inmediato y preferente a los derechos constitucionales fundamentales, en el escenario de su vulneración, razón que explica que la jurisdicción deba desplazar el compromiso ordinario con los asuntos de su competencia.  En este caso,  el ámbito de configuración del legislador estatutario está delimitado por esas características que imponen celeridad y oportunidad tanto en la expedición del fallo como en la ejecución inmediata de la orden de protección del derecho fundamental amenazado o vulnerado.


Para la Corte, no tiene sentido que para decidir en sede de consulta, el legislador sí haya previsto un término de tres días, mientras que un pronunciamiento del juez acerca del desacato se pueda prolongar indefinidamente, quedando librado al momento en que considere deba proferir esa decisión, lo que desvirtúa el cumplimiento inmediato que impone el artículo 86 de la Constitución. Si bien, la previsión del incidente del desacato como instrumento para garantizar el cumplimiento de la orden judicial de amparo constitucional, configura un mecanismo que contribuye a garantizar la protección del derecho fundamental amenazado o violado, la demora que puede presentarse ante la ausencia de un plazo perentorio para decidir a este respecto desvirtuaría su idoneidad para hacer efectiva esa garantía de restablecimiento de los derechos vulnerados.

Acorde con el principio pro legislatoris, la Corporación consideró que la norma acusada es constitucional siempre y cuando integre un término aplicable para la decisión del incidente de desacato a un fallo de tutela, por las razones expuestas, a las que se agrega el mandato 228 de la Constitución, según el cual todas las actuaciones procesales deben tener un término que se observe con diligencia. Habida cuenta que la Corte no tiene competencia para establecer ese plazo que subsane el vacío normativo violatorio de la Carta Política, la Corporación acudió a la propia Constitución, concretamente, al artículo 86 que regula la acción de tutela, de manera que declaró exequible el   inciso primero del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el entendido que el incidente de desacato allí previsto debe resolverse en el término establecido en el citado artículo 86 superior para el fallo de tutela, de manera que se garantice la inmediatez de la protección y la efectividad de los derechos fundamentales y de los mecanismos de protección, mientras el Congreso no establezca otro término. (negrillas no son originales)


4.       Salvamentos y aclaración de voto


Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo manifestaron su salvamento de voto, toda vez que en su concepto no se configuraba una omisión relativa del legislador al establecer la posibilidad de tramitar un incidente de desacato a un fallo de tutela, sin prever un término para decidir sobre el mismo.


A su juicio, el señalamiento de un término para que el juez resuelva acerca del mencionado incidente, es una cuestión que corresponde al amplio margen de regulación de los procedimientos  asignado  al Congreso de la  República  en  desarrollo  de  su potestad  de configuración legislativa, dentro de los límites constitucionales del debido proceso y las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, que en su criterio no se desconocen en el presente caso. Estimaron que no se podía derivar del artículo 86 un mandato imperativo al legislador para establecer un plazo perentorio para resolver acerca del incidente de desacato de un fallo de tutela, por cuanto el término de diez días allí previsto es precisamente para decidir si se concede o no un amparo, en tanto que el incidente de desacato tiene como propósito sancionar al funcionario incumplido, evidenciándose que su finalidad no es coincidente. La valoración que se hace sobre la efectividad de este incidente compete al Congreso que dentro de su ámbito de diseño de los procedimientos, bien puede establecer o no un término, ya que puede considerar que resulta más efectivo para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela que, según las particularidades del caso, el juez constitucional valore los medios empleados por el demandado para darle cabal ejecución a la orden de protección y restablecimiento del derecho fundamental vulnerado.


Consideraron que ante la ausencia de una omisión legislativa relativa, la Corte Constitucional invadió el ámbito de competencia de legislador, asumió una atribución que no le corresponde arrogándose una decisión sin un soporte claro y contundente sobre la supuesta ineficacia del incidente de desacato en materia de tutela, por la ausencia de un término legal y sujetó al juez constitucional a una camisa de fuerza de impredecibles consecuencias, que inclusive puede llegar a afectar en casos complejos, la efectividad del amparo constitucional.

ALLANAMIENTO PARA CAPTURA, REQIERE ORDEN PREVIA DE JUEZ


 
 
 
 
LA POSIBILIDAD DE QUE LA FISCALÍA ORDENE UN REGISTRO O ALLANAMIENTO CON EL OBJETO DE PROCURAR LA CAPTURA DE UNA PERSONA INDICIADA, IMPUTADA O ACUSADA, REQUIERE DE ORDEN PREVIA DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS


 

I. EXPEDIENTE D-9967      -    SENTENCIA C-366/14  (Junio 11) M.P. Nilson Pinilla Pinilla

 

1.       Norma acusada

LEY 906 DE 2004

(Agosto 31)

 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

 

ARTÍCULO 219. PROCEDENCIA DE LOS REGISTROS Y ALLANAMIENTOS. El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial. Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.

 

2.       Decisión

 

Declarar EXEQUIBLE el artículo 219 de la Ley 906 de 2004, frente al cargo relacionado con el desconocimiento de los artículos 28 y 250 de la Constitución analizados, por las razones expuestas en esta providencia.

 

3.       Síntesis de los fundamentos

 

La Corte Constitucional reafirmó que toda medida privativa de la libertad no solo tiene un carácter excepcional, sino que debe ser interpretada restrictivamente y su aplicación, ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Así mismo, indicó que los únicos dos supuestos donde no existe un mandamiento judicial escrito previo como lo exige el artículo 28 de la Constitución para la aprehensión de un individuo, son la captura en flagrancia (32 C.Po.) y la efectuada excepcionalmente por la Fiscalía en los casos previstos en la ley, para la cual la faculta el artículo 250.1 de la Carta Política.

 

En el presente caso, la Corte debía resolver si autorizar al fiscal encargado de una investigación, para ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave con el objeto de realizar la captura del indiciado o imputado, vulnera el derecho a la libertad individual de la persona, conforme a lo prescrito en el artículo 28 de la Constitución y en consecuencia, se desbordarían las facultades expresas otorgadas a la Fiscalía General de la Nación en el artículo

250 superior.

 

Después de efectuar un análisis sistemático de la Ley 906 de 2004 y contrario a lo afirmado por el demandante, la corporación concluyó que la posibilidad de que la Fiscalía ordene adelantar una diligencia de registro y allanamiento, únicamente para procurar la captura de una persona, requiere de autorización previa del juez de garantías tratándose del indiciado o imputado, quien deberá constatar que tal como lo exige el artículo 219 analizado, no solo que se esté en presencia de un delito de aquellos susceptibles de imposición de medida   de aseguramiento de detención preventiva, sino de los demás presupuestos contenidos en la ley y decantados por la jurisprudencia. En el evento de la persona condenada, tal orden provendrá del juez de conocimiento (art. 299, Ley 906 de 2004) o del juez de ejecución de penas, según el caso.

 

A lo anterior se agrega que el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007, en concordancia con el artículo 28 de la Constitución y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que destaca, entre otros, los principios de reserva judicial y legal para la privación de la libertad y demás derechos fundamentales, que “para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados, de acuerdo con el artículo 221, para inferir que aquel contra quien se pide librarla es autor o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal”. Al mismo tiempo, el artículo 297 establece que salvo los casos de captura en flagrancia o de captura excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, que no corresponden a lo consignado en el artículo 219 examinado, “el indiciado, imputado o acusado no podrá ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada del juez de control de garantías”. Aunado a lo anterior, el citado artículo 297 regula el trámite de la orden de captura, según el cual, una vez emitida, el juez de control de garantías o el de conocimiento, desde el momento en que emita el sentido del fallo o profiera formalmente la sentencia condenatoria, la enviará inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que disponga el o los organismos de policía judicial encargados de realizar la aprehensión física y se registre en el sistema de información que se lleve para tal efecto.

 

En ese orden, los motivos existentes para que en aplicación del artículo 219 de la Ley 906 de

2004 la Fiscalía ordene una captura en los supuestos allí establecidos, previa orden del juez, remiten a normas donde los presupuestos y requisitos están claramente definidos por el legislador  y por  la  jurisprudencia,  salvaguardando  así  no  solo la  excepcionalidad  en  la restricción de los derechos fundamentales del individuo dentro del proceso penal, sino los inmanentes principios de reserva judicial y legal, por lo que la norma analizada fue declarada exequible frente a lo relacionado con el desconocimiento de los artículos 28 y 250 de la Constitución Política.

 

4.       Salvamentos y aclaración de voto

 

Los magistrados Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, se apartaron de la decisión de exequibilidad del artículo 219 de la Ley 906 de 2004, toda vez que en su concepto, la facultad que se confiere a la Fiscalía para ordenar un registro y allanamiento con el fin de capturar a una persona indiciada o imputada desconoce la reserva judicial de la privación de la libertad personal consagrada en los artículos 28 y 250.1 de la Constitución, que exige la orden previa y escrita de un juez.

 

Sin embargo, los magistrados disidentes difieren en cuanto al alcance de la decisión que correspondía dictar la Corte, como consecuencia de esa inconstitucionalidad. De un lado, el magistrado Rojas Ríos consideró que la norma acusada debía ser retirada del ordenamiento jurídico, mediante una decisión de inexequibilidad. En su criterio, la sentencia de la cual se separa avala la vulneración de derechos constitucionales, particularmente el derecho de libertad. Esta afirmación se deriva, tanto del tenor de la norma acusada, como de su ubicación dentro del capítulo II de la Ley 906 de 2004 en el que se regulan las “actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización”. Igualmente, el condicionamiento interpretativo que acoge la sentencia en relación con la norma acusada, denota su inequívoca inconstitucionalidad.

 

Estimó el magistrado Rojas que en un Estado de derecho, la libertad es una garantía esencial que requiere de especial protección por parte del ordenamiento jurídico, sin ambages ni eufemismos. La jurisprudencia de la Corte ha entendido que la captura sin orden judicial procede excepcionalmente en dos ocasiones, por una parte, la flagrancia y por otra, cuando la fiscalía haya agotado diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes y no fuere posible encontrar alguno1. En estos términos, para el magistrado Rojas,  permitir un registro y allanamiento que incluya la posibilidad eventual de realizar la captura del indiciado, sin que medie orden judicial para hacerlo, resulta abiertamente inconstitucional y en ese sentido la norma acusada debió ser declarada inexequible.

 

Por su parte, el magistrado Vargas Silva estimó que la disposición legal acusada podía declararse exequible pero de manera condicionada, de manera que se entienda que la orden de registro y allanamiento que se autoriza proferir a la Fiscalía con fines de capturar a una persona indiciada o imputada, requiere de orden previa del juez de control de garantías, como lo prevé la Ley 906 de 2004, toda vez que el artículo 219 de la Ley 906 de 2004 no establece de manera expresa esta exigencia constitucional, de suerte que puede dar lugar a que se entienda que basta la orden de la Fiscalía sin orden judicial, interpretación que es abiertamente contraria a los artículos 28 y 250 de la Constitución.

 

La magistrada María Victoria Calle Correa se reservó la presentación de una eventual aclaración de voto sobre algunos de los fundamentos de la decisión.