12/10/2014

RESPUESTA DE FGN AL FISCAL DE ASONAL S.I. SOBRE PRIMA ALTO RIESGO Y OTROS ASUNTOS


Bogotá D.C., jueves 02 de octubre de 2014

 

Señor

DIEGO ESCOBAR CUELLAR

Fiscal Nacional

Asonal Judicial SI

Viejoloco1965@yahoo.es - 

Cali - Valle del Cauca

 

ASUNTO: Respuesta comunicación de fecha 01 de octubre de 2014.

 

Respetado Diego:

 

En atención a la información solicitada en su condición de representante de la organización sindical ASONAL JUDICIAL SI, me permito atender el requerimiento de la referencia en los siguientes términos:

 

COTIZACIÓN ALTO RIESGO - CTI

 

La Ley 1223 de 2008 en su artículo 1° define el régimen de pensiones para el personal del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI – de la Fiscalía General de la Nación que cumplen funciones permanentes de Policía Judicial, escoltas y conductores del CTI.

 

El parágrafo 3° del artículo introducido por la mencionada Ley en la Ley 860 de 2003, establece que el monto de la cotización especial para el personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, será el previsto en la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, más diecinueve (19) puntos adicionales a cargo del empleador.

 

En este orden de ideas, debe ser claro que la obligación de la Fiscalía General de la Nación, en su condición de empleador, se circunscribe a realizar las cotizaciones de los servidores cobijados con el régimen, conforme a la mencionada normatividad, lo cual se viene realizando en los precisos términos de la Ley 1223 de 2008.

 

No obstante, la aplicación del régimen de pensión propiamente definido y el consecuente  reconocimiento, corresponde directamente a los Fondos de Pensiones, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 100 de 1993.

 

Ahora bien, uno de los objetivos del proyecto de modernización fue especializar la policía judicial de forma que estuviera en capacidad de hacer frente a la dinámica del fenómeno delincuencial del país, razón por la cual las funciones del Cuerpo Técnico de Investigación, entre ellas las de policía judicial, se distribuyeron con criterios de especialización en diferentes dependencias.

 

Igualmente, la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, por criterios de organización y eficiencia, se dividió en tres plantas globales, a saber: Área de Policía Judicial – CTI, Área Administrativa y Área de Fiscalías.

 

No obstante, algunas denominaciones de empleos que fueron creados por el Decreto Ley 18 de 2014 en la nueva planta global administrativa (Conductores, Profesional Especializado I y II y Profesional de Gestión II y III), venían ubicados en áreas de policía judicial.

 

Por lo anterior, el Fiscal General de la Nación, consciente de la necesidad de que aquellos servidores que ocupan estos empleos y cumplan sus funciones en áreas con funciones de policía judicial, continuaran no sólo cumpliendo funciones permanentes de policía judicial sino cotizando al régimen especial de alto riesgo, emitió la Resolución N° 01243 del 17 de julio de 2014.

 

En la mencionada Resolución no sólo se asignaron funciones permanentes de policía judicial a los empleos de Conductores, Profesional Especializado I y II y Profesional de Gestión II y III que se encuentren ubicados en las dependencias que por su naturaleza manejan funciones de policía judicial, sino que se estableció que nunca perdieron su derecho a cotizar al régimen de alto riesgo y se ordenó continuar con la mencionada cotización.

 

La anterior decisión encontró pleno respaldo en concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el día 04 de septiembre de 2014.

 

 

PRIMA DE ALTO RIESGO

Es política del señor Fiscal General de la Nación propender por la protección y la mejora de las condiciones laborales de los servidores de la entidad. Bajo este entendido, la entidad, dentro de sus competencias legales defendió y apoyó ante miembros del Congreso de la Republica el proyecto de ley 102 de 2012 – Camara presentado para establecer una prima especial de alto riesgo para el personal de policía judicial que labora en la institución.

No obstante, a mediados del año 2013, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuó de manera desfavorable el mencionado proyecto de ley, no sólo por las implicaciones presupuestales que tendría, sino porque consideró que los proyectos de ley relativos a regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos, sólo pueden ser presentados por iniciativa gubernamental.[1]

El 20 de junio de 2014, el proyecto de ley fue archivado por tránsito de legislatura, y el artículo 162 de la Constitución Política establece: “Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.

En este orden de ideas, el proyecto fue archivado y el siguiente proyecto deberá ser presentado por iniciativa gubernamental, para lo cual el señor Fiscal General de la Nación estará presto a apoyar lo pertinente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que por concepto de nivelación salarial en virtud de las equivalencias establecidas en el Decreto Ley 17 de 2014 el Gobierno Nacional aprobó cerca de 180 mil millones de pesos para beneficiar a todos los servidores de la entidad, además de apropiar importantes recursos para efectos de capacitación y profesionalización de nuestros servidores, todo ello apoyado y acompañado por parte del señor Fiscal General.

PLANTA DE PERSONAL SECCIONAL CALI

En la actualidad el Despacho del Fiscal General de la Nación y el Grupo de Modernización, adelantan una ardua labor con miras a establecer las necesidades de personal en cada una de las seccionales en el territorio nacional, trabajo que se encuentra en la etapa final y con el que se busca fortalecer la planta de personal a nivel nacional, priorizando obviamente aquellas zonas del país con mayores requerimientos conforme a la misión institucional y a la dinámica delincuencial del país.

COTIZACIÓN ALTO RIESGO

Es posible que unos pocos servidores de la Fiscalía General de la Nación que cotizaban en el régimen especial de alto riesgo, a raíz de la reforma institucional y conforme a estrictas necesidades del servicio, fueran ubicados en dependencias que no cumplen funciones de policía judicial, razón por la cual en la actualidad no cotizan en el mencionado régimen.

A su vez, es claro que la ubicación de los diferentes empleos obedece exclusivamente a los análisis de cargas y las necesidades del servicio de la entidad, sin que pueda considerarse como un criterio objetivo para ubicar los diferentes empleos, el hecho de que el servidor haya tenido una cotización especial por un tiempo determinado.

No obstante, con el ánimo de garantizar en mayor medida que aquellos servidores que no ocupan empleos del área global de policía judicial y cotizaban al régimen especial por cumplir labores permanentes de policía judicial, continuaran en dicho régimen, y equilibrando tal situación con las reales necesidades del servicio en la institución, el señor Fiscal General de la Nación expidió la  Resolución N° 01243 del 17 de julio de 2014, ampliamente explicada en el punto número uno del presente documento.

 

Así mismo, debe resaltarse que la permanencia en un determinado régimen pensional no constituye un derecho adquirido de los trabajadores, tal como lo sostuvo la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-853 de 2013, en los siguientes términos:

“Estar incluido en la clasificación de actividades de alto riesgo no constituye un derecho que ingrese al patrimonio del trabajador, ni comporta la obligación de mantenerlo incólume dentro del sistema pensional. Es un concepto sujeto a modificaciones por parte del legislador ya sea en cumplimiento de sus funciones de organizar la estructura de la entidad o porque objetivamente desaparece el riesgo en la prestación del servicio. En consecuencia, no puede predicarse un desmejoramiento de los derechos del trabajador sobre un hecho o expectativa que no constituye derecho.

6.1.5. La garantía de seguridad social, no tiene el alcance de mantener en el tiempo el respaldo de regímenes especiales derogados, sino que implica el cumplimiento del disfrute del derecho pensional adquirido, y en la medida que se trata de un derecho accesorio se adecua al riesgo que ampara, por lo cual si el derecho principal es modificado, su adecuación no comporta una disminución de la garantía en sí misma.”

Por último, como el interrogante no es totalmente claro y no se exponen casos puntuales, en caso de requerirse información adicional, la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión estará presta atender lo correspondiente.
 
PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN A CORTO PLAZO - CIJ

Con relación a este interrogante, es mi deber darle traslado al Rector de la Universidad Conocimiento e Innovación para la Justicia, Doctor Cesar Augusto Solanilla, quien es la autoridad competente y mayor capacitada para ofrecer una respuesta adecuada a su solicitud, razón por la cual tan pronto se reciba la respuesta formal, se las comunicaré en debida forma.
 
Sin embargo, debe resaltarse que las propuestas de capacitación a corto y mediano plazo, han sido expuestas en diversas oportunidades, tanto a las organizaciones sindicales como a los servidores en general.
 
AUTORIZACION EVENTOS DEPORTIVOS

El Fiscal General de la Nación, mediante el numeral 6° del artículo 3° de la Resolución 0-0787 del 9 de abril de 2014, delegó en el Subdirector de Talento Humano la facultad de autorizar la participación de los servidores en eventos deportivos.

Ahora bien, para la participación en las olimpiadas deportivas que se tienen previstas y el cubrimiento efectivo por parte de la ARL, los servidores inscritos deben realizar el proceso denominado “Pasaporte a la Salud” contemplado dentro del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que lidera el Departamento de Bienestar.

A través del mencionado proceso, la entidad en conjunto con la ARL, buscan analizar las condiciones físicas de los participantes y prevenir cualquier tipo de lesión importante que pueda presentarse durante el evento deportivo.
 

El procedimiento debe canalizarse y tramitarse a través de los servidores con funciones de bienestar en la respectiva seccional.

 

No obstante, en caso de existir alguna inquietud adicional, el Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional del Nivel Central, estará presto a brindar toda la colaboración que se requiera para el éxito del evento programado.


PARQUEADERO SERVIDORES PALACIO DE JUSTICIA DE CALI

La Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de utilizar el lote donado por la Alcaldía Municipal, a través de Oficio DNAG 000965 del 19 de septiembre de 2014, en donde se sintetizaron las siguientes razones por las cuales no se considera viable la propuesta:
 

. El uso aprobado por la administración municipal es la construcción de una sede de la entidad y no el depósito de vehículos.
 

. Posibles inconvenientes con la comunidad y los servidores.
 

. La entidad no tiene la posibilidad legal de recaudar ningún valor por este concepto, razón por la cual la propuesta de una “tarifa simbólica” es jurídicamente inviable.
 

No obstante, la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión se compromete a seguir buscando alternativas a la problemática que genera la ausencia de parqueaderos para los servidores que prestan sus servicios en el Palacio de Justicia de la ciudad, así como a analizar nuevamente opciones intermedias relacionadas con el uso del lote donado por la administración municipal.
  

Cordialmente,

 

 

MARCELA MARIA YEPES GÓMEZ

Directora Nacional de Apoyo a la Gestión

 

 

 

Proyectó: Julián Ruiz



[1] Oficio UJ-1217-13 Gaceta del Congreso 500, 15 de julio de 2013, Pag. 13.

ASONAL JUDICIAL SINDICATO DE INDUSTRIA Y EL VI CONGRESO DE LA CUT

ASONAL JUDICIAL SINDICATO DE INDUSTRIA, participó de manera activa en el VI CONGRESO DE LA CUT, siendo la Organización sindical con el mayor número de delegados oficiales después del magisterio.
 
 
Se destaca el elevado nivel ideológico y político de nuestros representantes, al igual que su activa intervención en todas y cada una de las comisiones y en las ponencias para plenaria de tan magnifico evento.
 
 
Fue arrolladora la conclusión  frente a la coyuntura nacional, de dar un respaldo a la solución negociada del conflicto armado en el entendido que ha sido reivindicación permanente de la CUT y del movimiento social y sindical colombiano. Todo ello manteniendo una independencia frente al gobierno de Santos, a quien se le considera el continuismo de políticas neoliberales que profundiza las condiciones paupérrimas del pueblo colombiano, en especial abaratando la mano de obra y cercenando derechos prestacionales, sociales, pensionales y de seguridad social a la clase trabajadora.
 
En dicho evento se expidió una de declaración política que rechaza la reforma tributaria y señala al gobierno que los 12.5 billones que pretende tapar el hueco fiscal, lo debe realizar sobre el gran capital financiero y multinacionales que saquean el bolsillo de los colombianos y las riquezas naturales de nuestro país.
 
Se acordó enarbolar la lucha por libertades sindicales (derecho de asociación, negociación y huelga), Trabajo digno, reparación colectiva al movimiento sindical, conformación de mesa de alto nivel para la reparación y verdad sobre la política de terror y liquidación del movimiento sindical, Estatuto del Trabajo, pronta y oportuna solución a los conflictos laborales y sindicales, Inspección del trabajo eficaz y oportuna, política progresiva para el salario mínimo del Sector Estatal de trabajadores.
 
 
Todos quedamos comprometidos a impulsar esta declaración y hacerla efectiva en la práctica, con movilización activa de todo el movimiento sindical colombiano en unidad con todos los sectores demócratas y sociales del país.
A continuación la declaración firmada por todos los asistentes a este evento tan significativo para el conjunto de trabajadores colombianos:
 
 
 
Santa Marta 26 de Septiembre de 2014
VI CONGRESO CUT
POR PAZ, SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DERECHOS LABORALES
 
La crisis capitalista, la más profunda desde la Gran Depresión de 1929 y de la cual aún no se sale, viene siendo descargada sobre naciones, pueblos y trabajadores. La ofensiva, que es impulsada desde las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea, ha ahondado la desigualdad y ha desatado diversas conflagraciones, especialmente en Medio Oriente y Asia, donde repican tambores de guerra.
La reciente decisión de lanzar una nueva intervención directa en Siria e Iraq, utilizando las sofisticadas técnicas de su fuerza aérea con bombardeos desde drones, pone de presente la verdadera condición del espurio Nobel de Paz Barack Obama, que recurre a la fuerza de su poderío militar para invadir sin sujetarse a norma alguna, ahora con el pretexto del Estado Islámico (EI). Sin embargo, los resultados de sus más recientes invasiones en Afganistán, Iraq y Libia nos muestran que el otrora todopoderoso imperio gringo está en declive y no cuenta con la suficiencia y mandato que le precedieron en idénticas actividades filibusteros en el pasado. Estados Unidos sufre hoy las crisis propias de las naciones imperialistas, razón que lo hace mucho más agresivo, al extremo de convertirse en el principal peligro contra la soberanía del resto de naciones del mundo.
Los Estados Unidos metieron mano en los asuntos propios del pueblo ucraniano, fraguaron actividades subversivas y financiaron grupos antigubernamentales contra el legítimo presidente Yanukóvich sindicándolo de mantener estrechos lazos políticos y económicos con Rusia y oponerse al tratado de libre comercio con la Unión Europea. Ucrania es hoy objeto de un pulso estadounidense que se ha concretado en la ampliación del radio de acción de la OTAN hasta colocarlo en la frontera rusa. Gas, petróleo y despensa agrícola, junto con puntos estratégicos claves en el aspecto militar, son los asuntos que rondan éste escenario que puede generar situaciones de mayor complejidad en el futuro inmediato.
En el genocidio ocurrido en Palestina con la muerte de más de 2.000 personas, la mayoría civiles indefensos y muchos de ellos niños, hay un responsable directo, que es Israel, pero un mentor innegable, Estados Unidos. La ocupación debe cesar. Los palestinos tienen derecho a un territorio donde establecer su nación y a su autodeterminación como pueblo. Los demócratas del mundo entero deben ser solidario con su causa. La CUT cumplió y cumplirá con este deber ético y moral.
Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) son países que procuran socavar el dominio económico y militar norteamericano. Estas potencias emergentes se han asociado con el fin de crear organismos económicos con fondos para eventuales préstamos, definen realizar intercambios comerciales en sus propias monedas buscando desechar el dólar como coyunda extorsiva, estrechan sus lazos comerciales y coordinan acciones en organismos multilaterales y, aunque sus avances son aún incipientes, no dejan de ser inquietantes para Estados Unidos. Los trabajadores debemos ver con agrado toda reivindicación de los derechos a la soberanía de cualquiera de las naciones del mundo. Somos los primeros en aupar las medidas que los países adopten en contra de la dominación imperialista.
En esta línea de conducta, respaldamos a los gobiernos democráticos de América Latina que se han distanciado del gobierno imperialista de Estados Unidos desde distintas ópticas, niveles y procedimientos. Rechazamos las agresiones e intromisiones de toda índole que se lanzan desde Washington contra Venezuela, Cuba, Bolivia, Argentina y demás países, no solo los intentos de desestabilización política y económica, metiendo narices en los asuntos internos de estos países, sino también la extorsión económica con los llamados fondos buitres.
En medio de esta tormentosa situación, América Latina ha logrado construir gobiernos alternativos, democráticos y progresistas, fortalecidos por importantes procesos de movilización popular que, a partir de la derrota del ALCA, han dado respuesta a las políticas neoliberales e imperialistas con políticas que han fortalecido el papel del Estado y recuperado derechos y libertades usurpadas en periodos anteriores.
Desafortunadamente, en Colombia no se ha podido construir un gobierno del estilo de la mayor parte de las naciones suramericanas.
Con la reelección del Gobierno de Santos se prevé la continuidad en la aplicación de las medidas económicas y sociales neoliberales, iniciadas desde 1990 con la apertura económica y seguidas con los depredadores tratados de libre comercio, TLC, especialmente los firmados con EU, la UE y la Alianza del Pacífico, que han profundizado la pérdida de soberanía económica y la entrega de nuestros recursos, mercados, sectores productivos nacionales y mano de obra abaratada a los intereses de las grandes trasnacionales y al parasitario capital financiero.
El propósito de la paz por la vía del diálogo y de una solución política negociada al conflicto armado que hoy intentan concretar el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana y que se espera sea extendida a un similar proceso con el ELN y el EPL, es muy importante para los trabajadores y el pueblo. Por ello la CUT ratifica su respaldo a dicho proceso y espera que sea refrendado respetando el interés de la nación.
Como un tema que vincula a la nación entera, la CUT acoge el clamorpara que se concrete cuanto antes un cese al fuego y se otorguen garantías a todo el pueblo para que sea protagonista en la construcción de una Colombia con plenas libertades, soberanía, derechos e igualdad.
Es necesario que las corrientes alternativas, democráticas y progresistas se constituyan en una opción de gobierno distinta a las militaristas y a las que entrañan el modelo neoliberal y la barbarie.
Nuestra realidad económica, social y laboral, caracterizada por la quiebra del sector productivo nacional y el predominio de las multinacionales, el mayor desempleo y desigualdad en América Latina, una informalidad laboral del 70%, la ausencia de una política de trabajo decente, la salud privatizada y el fin de las pensiones, los empleos precarios y los bajos ingresos, acompañado todo de una violencia antisindical que no para y una impunidad del 98% que sirve de amparo a las fuerzas de ultraderecha y con una afiliación sindical de menos del 4%, es un cuadro que corresponde al mayor desafío que ha enfrentado en toda su historia el movimiento obrero y que a la CUT, en particular, la obliga a recuperar el protagonismo social y político, junto con el resto de fuerzas democráticas.
El discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos para su segundo periodo se centró en tres temas: la paz, la equidad y Colombia la más educada. Nada distinto a lo manifestado en campaña y a lo transitado en su primer cuatrienio.
En el tema de la paz, la CUT ha sostenido que el gobierno debe hacer todos los esfuerzos por concretar un acuerdo que dé fin al conflicto armado. Sólo nos basta ratificar nuestros deseos por que así sea y cuanto antes mejor; convencidos de que en esa nueva situación, los trabajadores y la población podremos adelantar con más vigor las movilizaciones que en medio de la resistencia civil permitan mejorar las condiciones de vida digna, como también las garantías laborales y los derechos democráticos.
Los anuncios de un país con mayor equidad contrastan con lo realizado en los primeros cuatro años de su gobierno. La alta informalidad laboral y el panorama desolador de la tercerización fustigaron a los asalariados de todos los renglones de la producción con la consabida inestabilidad, precarización laboral, desempleo y pérdida de importantes garantías y derechos. El Estado sigue siendo el empleador con mayor cantidad de trabajadores sin vinculación directa, pues en la mayor parte de las instituciones gubernamentales campean la precarización y la informalidad. Saludamos y respaldamos las crecientes luchas y movilizaciones de distintos sectores de trabajadores estatales y privados contra semejante ignominia.
De igual manera, frentes de trabajo minero-energéticos como el petróleo y el carbón; las plantaciones de palma, banano, caña y flores; las grandes plataformas de centros comerciales; las transportadoras y los puertos y, en general las actividades del sector privado, son atendidos por millones de trabajadores a los cuales se les niega la estabilidad laboral, condición necesaria para poder construir sindicatos y tener derecho a una negociación colectiva que reivindique unos salarios dignos y reconquiste vitales prestaciones económicas. Para que no haya duda de lo anterior, Colombia ha sido objeto de debates, sanciones y requerimientos año tras año en las conferencias de la OIT. Y este año, el de la reelección de Santos, nuestro país fue incluido en la deshonrosa lista de los 25 países que más violan los derechos laborales, en este caso, el Convenio 81 de la OIT.
El presidente Santos completa 25 años de estar aplicando el neoliberalismo desde los diferentes gobiernos en que cuyo gabinete ha participado y no hará más que profundizar la política económica que acuñó en su anterior mandato . Más tratados de libre comercio como el de la Alianza Pacífico y nuevamente el tratado con Corea, que rematará la ya precaria existencia de la producción nacional, tanto industrial como agropecuaria, resentida por los más de 14 TLC ya firmados, los cuales llevan implícita la garantía a las multinacionales de empleo barato y precario para el incremento de sus ganancias.
Por cuatro años más, el país sufrirá la aplicación de políticas retardatarias en contra del interés nacional, seguirá adelante en el otorgamiento de condiciones favorables a la inversión extranjera en la gran minería, el sector financiero, las grandes obras de infraestructura y los servicios. La agricultura, la ganadería y demás renglones de la producción, como también la educación y la salud serán las víctimas, con la consecuente asfixia de los productores e inversionistas nacionales. El equipo ministerial es un reflejo de lo que se nos viene en contra. Personajes como Néstor Humberto Martínez, el más emblemático representante de las multinacionales y el capital financiero, fue nombrado como superministro, lo que pone al desnudo el talante del gobierno de Santos.
El anuncio de la reforma tributaria para exprimir aún más a los sectores medios de la población desató el repudio generalizado de la opinión nacional, obligando al gobierno a retroceder de manera momentánea en su malévolo propósito. No más impuestos a la población, debe ser el grito de batalla. Si hace falta dinero para financiar el presupuesto, los 12,5 billones deben recaer sobre el gran capital financiero y las multinacionales, principales actores del saqueo de las riquezas naturales y el trabajo de los colombianos.
Las reformas a la salud y la educación están centradas en afianzar las inequidades que en ambos sectores han deteriorando la calidad convirtiéndolos en negocio de los sectores privados. Denunciamos la declaratoria de ilegalidad de la huelga de ANTHOC por parte del Ministerio del Trabajo. Llamamos a continuar la lucha por un sistema de salud sin la intermediación de las EPS y una educación pública, gratuita y de calidad financiada y ofrecida directamente por el Estado.
Para completar el cuadro del engaño, Santos lanza la frase “una Colombia educada”, que no dejará de ser parte de la carnada que oculta el anzuelo de la privatización y la entrega de la educación a las “alianzas público-privadas” como los neoliberales denominan ahora la privatización, tal como lo señala el informe del estudio de la Fundación Compartir, que Santos adoptó como su programa. Así lo comprueba el anuncio de las becas con el señuelo de favorecer a los más pobres para que accedan a la educación superior ofrecida por entidades privadas, mientras se mantiene la precariedad en la contratación laboral de los docentes universitarios.
El asunto para el presidente Santos no es la financiación de la educación pública de una manera adecuada, que garantice la permanencia de la totalidad de los que ingresen al sistema educativo ofrecido por el Estado, equipando a colegios y universidades con materiales y equipos avanzados para una educación del más alto rigor científico y una formación de los docentes para todos los niveles de la educación, acorde con los últimos aportes del conocimiento científico, la tecnología, las artes y el pensamiento. No, el asunto para este gobierno se reduce a un poco más de presupuesto para que los empresarios de la educación entren en el festín de los contrato, y terminen imponiendo las condiciones del mercado, arrasando de paso con las justas aspiraciones del magisterio colombiano de tener un régimen laboral con garantías y derechos, negados hoy por el Decreto 1278.
Por lo anterior, este Congreso ratifica la agenda laboral presentada en el primer mandato del gobierno y reiterada al actual periodo presidencial, a saber:
  • Libertades democráticas (derecho de asociación, negociación y huelga) y cese de la violencia contra los líderes y las organizaciones sindicales.
  • Restablecimiento pleno de derechos y condiciones de trabajo digno.
  • Reparación colectiva al movimiento sindical y construcción de la Mesa de Alto Nivel para la Reparación.
  • Pronta y oportuna atención a los conflictos laborales y sindicales.
  • Una política salarial progresiva para el salario mínimo y los trabajadores del Estado.
  • Inspección laboral oportuna y eficaz.
  • Impulso de una propuesta de Estatuto del Trabajo.
  • Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con los pliegos presentados por las organizaciones populares que conforman la cumbre campesina, indígena, étnica y popular y las Dignidades Agrarias.
  • La CUT mantendrá su posición de rescatar el derecho de negociación y huelga, que hoy empresarios y gobierno pretenden liquidar en la OIT.
Para la consolidación de esta agenda laboral, la CUT, con el resto del movimiento obrero, con el Comando Nacional Unitario y con todas las organizaciones sociales y políticas, promoverá la más amplia movilización, que nos permita incidir frente al gobierno y los empresarios en nuestras exigencias y que logren transformaciones democráticas y soberanas en el país.
La CUT fortalecerá sus relaciones con las diferentes organizaciones internacionales de los trabajadores, enarbolando las banderas del internacionalismo en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre. Igualmente, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, participará en la jornada nacional por la paz, entre otras iniciativas.
En este contexto general, la CUT seguirá trabajando en la construcción de la unidad de acción con los trabajadores y el movimiento popular colombiano, demandando soluciones a la problemática laboral, sindical y social. Recurrirá asimismo a las herramientas político-sindicales para lograr el restablecimiento de los derechos y libertades.
Denunciamos los montajes judiciales contra dirigentes sindicales como el caso del compañero Huber Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo de la CUT. Como él, hoy más de cien sindicalistas están encarcelados. Para ellos exigimos la libertad inmediata. Denunciamos también las declaratorias de ilegalidad de las huelgas, los despidos, las estigmatizaciones y los atentados contra el derecho a la vida que se suceden en todo el país.
La CUT expresa su disposición para que en Colombia se concrete un acuerdo de paz que nos permita el desarrollo de la lucha política civilizada y en un ambiente de debate democrático. El VI Congreso ratifica en esta declaración su lema central: POR PAZ, SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DERECHOS LABORALES

ASONAL TOLIMA NO PARTICIPARÁ EN EL INCONSULTO PARO DEL 9 DE OCTUBRE DE 2014

ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL

“ASONAL JUDICIAL”

PERSONERIA JURIDICA No. 00484 DE ENERO 16 DE 1976

Palacio de Justicia, carrera 2 calle 8 esquina, oficina 506  Telefax: 2617692

Ibagué Tolima
 

ASONAL JUDICIAL S.I. TOLIMA NO PARTICIPARÁ EN EL CONVOCADO PARO DE MAÑANA 9 DE OCTUBRE DE 2014.
 
EN VISTA DE QUE SE ANUNCIA UN PARO POR PARTE DEL DESCONOCIDO LIDER MACHADO, EN EL CUAL SE HA EXPUESTO DE MANERA DELIBERADA UN DESPRECIO POR LAS DIRECTIVAS DE ASONAL JUDICIAL EN ESTE Y OTROS IMPORTANTES DEPARTAMENTOS Y, TENIENDO EN CUENTA QUE ANTE DICHA RESPONSABILIDAD NO SE HA CONVOCADO AL ANÁLISIS CONSECUENTE DE LAS COINCIDENCIAS, DIFERENCIAS, COSTOS, PISOS Y TECHOS DE LAS PROPUESTAS, MANEJO DE LA INFORMACIÓN, NUCLEO DE LA DIRECCIÓN E IMPORTANTES E INELUDIBLES FACETAS QUE NECESARIAMENTE DEBEN SER DISCUTIDAS DE MANERA DEMOCRÁTRICA PARA EL SOSTENIMIENTO DE UNA TAREA DE TAN ELEVADA RESPONSABILIDAD Y ENVERGADURA; ADEMÁS TENIENDO EN CUENTA QUE DE MANERA SISTEMÁTICA SE EVIDENCIAN ATAQUES POR PARTE DE LOS ALENTADORES DE TRASCENDENTAL TAREA, LO CUAL EN VEZ DE SUMAR A LA CONQUISTA DE OBJETIVOS BENEFICIOSOS A LA FAMILIA JUDICIAL, LO QUE HACE ES RESTAR APOYO Y CREAR ANTAGONISMOS QUE SIRVEN A LA POLÍTICA DE LOS CONTRARIOS AL PROGRESO DE LO COLECTIVO Y DE LA UNIDAD, NO COMPARTIREMOS EN DICHO PARO.

Atreverse a declarar que “quienes han osado desconocer la voluntad de las mayorías se colocaron al servicio del gobierno” no puede calificarse sino como una infamia oportunista. Basta con señalar que quienes tomaron tal decisión, nunca consultaron el sentir de las bases y han usurpado tal voluntad de las mayorías mediante el DECRETO de tal paro y ahora andan “expresando” lo que debieron hacer antes de tal IMPOSICIÓN.

Los tres (3) últimos comunicados firmados por el señor Machado, destilan una infecta sarta de despropósitos en el que atentan contra la dirigencia de cada seccional y contra la inteligencia de sus bases. Proponen desesperadamente “asambleas democráticas” para que les aplaudan lo que ellos ya aprobaron y muestran la perversidad de su análisis de ir a un paro aprobado al revés: es decir primero sin ningún tipo de análisis e inspirados por la razón revelada, lo canonizan en la cumbre de sabios (reunión de agosto 22 y 23 decretan dicho paro) y después de tal decisión lo imponen a sus invitados de piedra, con la seguridad de quien no esté de acuerdo será tildado de “desleal” o “gobiernista. ¡Bonita democracia! que se exhibe con la falta de integridad a los principios sindicales de reflexión y tasación de las peticiones, cuando en comunicado 001 (Sep. 8 de 2014) reconocen que NO tienen cuantificado económicamente las propuestas en torno al carácter salarial de la bonificación judicial y de la nivelación salarial y que se hace “necesario establecer en el equipo negociador, a cuanto equivale y a quienes cobija,…” Sobre el punto de reestructuración de la FNG la siguiente perla “cada seccional deberá cuantificar el número de judiciales que maneja la institución, la carga laboral y los vacios y faltantes respectivos” (sic)[1]! Que falta de seriedad, por no llamar irresponsables a quienes manipulan tan delicada propuesta de un paro.

Además colgar a todos una nariguera cual borregos, no es solo una falta de cortesía sino un acto de indignidad para con sus colegas el tratarlos soterradamente como “enemigos” de una decisión a la que no se les convocó y cual dominador exige cumplimiento de tal determinación.

Por lo demás, se hace necesario señalar que realizar un paro contra Leyes Estatutarias requiere de un tratamiento sincero con las bases en el sentido de explicarles que el Paro se hará como un sofisma o como un acontecimiento de largo plazo, hasta lograr modificar con los efectos de tiempo que reclama una legislatura con sus debates. ¡Una regulación se deshace como se hace¡ En este entendido será claro decirle a las bases la realidad de cuánto tiempo durará el paro y si estamos preparados para sostener económicamente a la Organización, pero especialmente la manutención familiar de los hogares de los judiciales y de sus obligaciones bancarias, hipotecarias y educativas. Este aspecto decisivo sobre las normas pro tempore asignadas para la reestructuración de la FGN, la Exención del pago de impuestos para l@s judiciales  y otros temas entre los que se encuentran la PLANTA DE CARGOS: son del resorte del Congreso de la República. Invitamos a la franqueza y que se despliegue lo que estamos reclamando: un análisis previo ante tal evento de trascendental importancia en la familia judicial.

Quedamos a la espera de que se modifique el tratamiento descomedido para con las Directivas de Asonal en el departamento del Tolima, que se atienda al análisis y a la confrontación fraterna y respetuosa de las ideas y, especialmente, que no se recorra a ejecutar errores que puedan acarrear nefastas consecuencias en la estabilidad de los judiciales y su organización sindical.

 

ASONAL JUDICIAL TOLIMA

 

Octubre 8 de 2014